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El ajuste significará reducción del poder de compra de los asalariados y el pueblo en general

El ajuste significará reducción del poder de compra de los asalariados y el pueblo en general

EL AJUSTE DESPUÉS DEL AJUSTE.

 

Economista de la redes... José Rocca para identidad

La conducción económica del nuevo gobierno de Tabaré Vazquez marcó la continuidad con estrategias de atracción de todo tipo de capitales externos. Este objetivo pautó su accionar.

En un marco de fuerte deuda pública y crisis procuró esencialmente mantener la confianza de los acreedores respecto a la capacidad de pago del país. Esto significó priorizar en el corto plazo el plano fiscal, incrementando ingresos y reduciendo gastos del Estado.

La disminución del costo internacional del petróleo y de las fuentes de generación de energía no se trasladó al precio de luz, agua, combustibles, cuya evolución respondió a un afán esencialmente recaudador. Los aumentos de tarifas se trasladaron además a otros bienes de consumo reduciendo el poder de compra de los salarios. El descenso de la demanda disminuyó la recaudación del IVA - en valores constantes- que representa más de la mitad de los ingresos de la DGI.

El sistema financiero internacional sintió el riesgo de posibles dificultades del sector público para afrontar deudas. En consecuencia FMI, Banco Mundial y agencias calificadoras de riesgo jugaron a favor de más ajustes. La conducción económica sensible a los dictados de los organismos internacionales, puso en marcha un presupuesto quinquenal que postergó inversiones y gastos en salud y educación. Ello no alcanzó a tranquilizar a los acreedores y se  instrumentó un ajuste en el ajuste para la próxima rendición de cuentas.

En el mensaje de la prensa más difundida parecería que los salarios y la asistencia a sectores de menores ingresos fueran los grandes culpables del déficit de las cuentas públicas. La realidad es otra. Los salarios apenas rondan el 20% de los gastos del gobierno central y el Ministerio de desarrollo social prácticamente no pesa en ellos.

Por el contrario la estructura de ingresos y gastos del Estado favorece esencialmente al gran capital. 

La magnitud de la renuncia fiscal, zonas francas, el costo que representa el sistema de AFAPS, los subsidios a empresas de servicios de salud privada, están en la raíz de los problemas financieros del sector público. El ex Ministro Lorenzo en un rapto de sinceridad frente a representantes del poder económico valoró en 2700 millones de dólares el costo de un solo año del  festín.

Los privilegios otorgados entre otros a la explotación forestal, minería, soja, terminan recayendo sobre las billeteras de la gente pues significan costos crecientes para los entes y se transforman en suba de tarifas[i] que paga el pueblo oriental. De manera similar paga intereses usurarios al BROU por los mal llamados préstamos sociales, mientras grandes empresarios reciben créditos generosos.

El presupuesto y los entes públicos soportan los costos de su rol de furgón de cola de grandes empresas privadas para proveerlas de energía, puertos, crédito blando y barato. La contrapartida implica postergar inversiones públicas, viviendas populares, enseñanza, salud pública, ferrocarril.[ii]

En la raíz de la deuda pública y sus intereses se encuentran rescates de Bancos quebrados, costos de subsidios a grandes empresas[iii]. Baste como muestra las deudas impagas de Fripur con el BROU y una larga historia que incluye frigoríficos, arroceras, mineras, plantaciones de eucalipto, soja, sin olvidar la privatizada PLUNA primero con Varig y después con Campiani,

Así engordó una deuda pública que en diciembre de 2015 (último dato del BCU) registra 31.390 millones de dólares. [iv] Cada familia uruguaya tiene el triste privilegio de deber solo por concepto de deuda pública 30.000 dólares, además de sus deudas particulares. En 2016, los intereses tendrán un costo de 1500 millones de dólares que se le quitan a la salud pública, vivienda, educación.

El calendario de pagos publicado por el Banco Central suma para el 2016 una cifra cercana a 6700 millones de dólares mientras que las reservas sin contrapartida del BCU llegan a poco más de 3500 millones de dólares. Los problemas para su pago son verdaderos. Tan reales como que los costos de los regalos al capital el gobierno pretende que otra vez lo paguen los trabajadores[v]. Las principales medidas en esa dirección, son la reducción del gasto público, la eliminación de fuentes de trabajo en el sector público, la eliminación de deducciones para el pago del IRPF, el aumento del impuesto.

Más allá del impacto directo sobre los afectados, hay un conjunto de consecuencias que se deben analizar. El ajuste significará reducción del poder de compra de los asalariados y el pueblo en general, con efectos negativos sobre la demanda y por ende sobre la producción en momentos de pérdida de dinamismo de la economía.

La reducción del número de trabajadores del Estado generará además una pérdida de calidad de los servicios afectados. El proyecto plantea reponer dos trabajadores cada tres retiros. Recordemos que  de los aproximadamente 300.000 trabajadores del sector público, 40.000 corresponden a Intendencias. Una cifra similar a los entes del Estado. De los 220.0000 del gobierno Central, 100.000 trabajan en la enseñanza púbica, incluyendo Universidad, 30.000 a Salud pública y guarismos similares a cada uno de los ministerios de Interior y Defensa. El resto se distribuye entre poder judicial y los diversos Ministerios.

En la medida que es impredecible en que servicios se dará la reducción es imposible evaluar los efectos particulares, que serían especialmente graves en rubros como salud y educación. Además elevara los niveles de desempleo que ya se encuentran en pleno ascenso, acentuando los efectos recesivos en una fase de crisis.

En suma un ajuste que procura recrear las condiciones para continuar las políticas de apertura total a todo tipo de capitales. Es decir más de las mismas estrategias que han generado la crisis y un Uruguay cada vez más fracturado económica y socialmente. 



[i] Por ejemplo costo de OSE para potabilización del agua ante el grave deterioro de calidad que generan agrotóxicos y fumigaciones

[ii] Una ampliación de nuestro enfoque se puede ver en el sitio https://joserocca.org/

[iii] Los mecanismos son variados, créditos blandos o no cobrados, tarifas preferenciales de entes públicos como a los grandes consumidores de UTE, amnistías tributarias al capital.

[iv] En 1999 era de 8779 y en 2007 de 17375. En su composición por moneda 14366 son en pesos uruguayos o unidades indexadas (pesos ajustados por indice de precios)  15797 son en dólares, y el resto en otras monedas.

[v] Los ajustes de salario se regularon con esa finalidad. Los convenios con el supuesto de un IPC del 5% significaron una disminución de hecho de gastos del Estado y la garantía para los empresarios del futuro descenso del poder de compra de los salarios.

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